El diputado Samuel Pérez Álvarez, perteneciente al movimiento político que surgió junto al presidente Bernardo Arévalo, enfrenta ahora una fuerte controversia tras un incidente ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó recientemente ante los tribunales una solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, tras considerar que su comportamiento podría constituir graves delitos administrativos y penales.
Un suceso que podría parecer menor o un hipotético exceso de autoridad capaz de generar consecuencias serias
El caso surgió cuando el legislador interceptó y desgarró una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha considerado este acto de ruptura como una posible señal de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían respaldar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.
¿Por qué resulta relevante eliminar la inmunidad?
En Guatemala, los diputados gozan de inmunidad para garantizar su independencia política, pero esta protección no es absoluta cuando hay indicios de abuso de poder o discriminación.
Si el Congreso acepta la solicitud del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia da luz verde al antejuicio, Pérez quedaría sujeto a un proceso penal formal que lo exponga a consecuencias legales, que abarcan tanto sanciones administrativas como eventuales procedimientos ante tribunales ordinarios, con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos atribuidos.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de verse como un episodio aislado de conducta inapropiada en el hemiciclo parlamentario y ha evolucionado hacia un panorama legal que podría repercutir en su permanencia e influencia política en el país, y, si finalmente se aprobara el levantamiento de su inmunidad, el diputado debería enfrentar un proceso ante la justicia ordinaria cuyas consecuencias aún no han sido definidas.