La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala abrió una diferencia pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, aliado del Ejecutivo en el Congreso. El desacuerdo se concentra en el alcance de las facultades presidenciales frente a las denuncias relacionadas con la elección de Walter Mazariegos como rector y en los límites establecidos por la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez puso en duda que el mandatario optara por aguardar los fallos judiciales antes de implementar acciones adicionales. Arévalo replicó que la Presidencia no tiene facultad para actuar más allá de sus atribuciones y afirmó que las palabras del legislador revelan un “problema de información” respecto a las competencias del Ejecutivo.
La discusión presenta dos posturas sobre cómo el Gobierno debería abordar una controversia que sigue pendiente de resoluciones judiciales, y aunque ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, difieren en el tipo de intervención que consideran pertinente impulsar desde el poder público.
Distinciones entre las atribuciones presidenciales
Samuel Pérez describió como “insuficiente” la postura de Arévalo de limitar las acciones del Ejecutivo a lo que resuelvan las cortes, y afirmó que la Presidencia ha rehuido emplear el “poder público” para aportar a una salida de la crisis universitaria.
Su crítica apunta a que el Gobierno no ha realizado una intervención más amplia ante la continuidad de Walter Mazariegos. Pérez estima que la reacción del presidente no coincide con el rol que, a su entender, tendría que asumir el Ejecutivo frente al conflicto.
Arévalo rechazó ese planteamiento durante La Ronda. El mandatario indicó que existe desconocimiento sobre las facultades que la Constitución asigna al presidente y señaló que su administración debe respetar los límites legales de su actuación.
Según la postura presidencial, una intervención que exceda esas competencias podría afectar la autonomía de la USAC. Por esa razón, el Ejecutivo ha mantenido su decisión de esperar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de solicitar que las instituciones correspondientes investiguen las denuncias presentadas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo rechaza señalamientos sobre posibles acuerdos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario afirmó que, desde la Presidencia, exhortó a las autoridades judiciales a indagar las denuncias sobre eventuales irregularidades y vulneraciones legales registradas durante el proceso electoral de la universidad, y al mismo tiempo reiteró que su intervención debe ajustarse estrictamente al marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La postura de Pérez plantea una exigencia diferente. Aunque el diputado también ha recurrido a mecanismos judiciales, considera que el liderazgo presidencial puede desempeñar un papel de mayor alcance ante la situación de la USAC.
Perspectiva expone este episodio como la primera discrepancia pública entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos en torno a la crisis universitaria. La diferencia no gira en torno a cómo se evalúa la gestión de Mazariegos, sino a qué mecanismos deberían utilizarse para hacerle frente.
Pérez emprende medidas legales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado combina así sus críticas políticas con el uso de procedimientos legales. Su posición sostiene que la espera de las resoluciones judiciales no debería impedir que el Ejecutivo ejerza otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, mantiene que cualquier medida debe evitar una posible vulneración de la autonomía universitaria o una actuación que pueda ser impugnada por exceder las competencias presidenciales. Su respuesta reafirma una línea de prudencia institucional basada en la separación de funciones entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia introduce una tensión en la relación entre la Presidencia y uno de sus aliados en el Congreso. También refleja una diferencia sobre cómo debe utilizarse el poder estatal frente a una crisis institucional: mediante una intervención política más activa, como plantea Pérez, o mediante el respeto de los procesos judiciales y los límites constitucionales, como sostiene Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.